El Gobierno central exige tener un control más estrecho sobre las ayudas a la Dependencia que desembolsa a las comunidades autonómas y amenaza incluso con cortar estos fondos hasta poner los datos en orden. La falta de información impide comprobar cuántas personas, de las 200.000 estimadas, están siendo atendidas.
El Ejecutivo ha dado un plazo de seis meses a las comunidades para que aclaren qué tipo de ayuda están recibiendo los ciudadanos registrados en el ordenador central del sistema de dependencia. Y también de los que inscriban en el futuro. De no ser así, no recibirán el dinero que el Ministerio de Educación y Política Social libra por cada uno de ellos. La circular ha molestado mucho en algunas comunidades, que se quejan de este “nuevo requisito”, pero el ministerio responde que todo se hace en aras de “la transparencia y de la mayor información a que tienen derecho los ciudadanos”. El Gobierno se manifiesta abierto a cualquier consideración que hagan las comunidades. Lee más »
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